Tomoko Akane (Nagoya, Japón, 1956) fue elegida en 2024 por sus compañeros como presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI). Su mandato concluye en 2027, al tiempo que expira el periodo reglamentario de nueve años como jueza en la única institución permanente que juzga a los máximos responsables de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad. En agosto, Estados Unidos la ha sancionado junto al fiscal senegalés Abdoulaye Seye. En este momento, por ejemplo, esta magistrada no puede entrar en territorio estadounidense y su tarjeta de crédito ha sido cancelada. Son ya 13 los jueces, fiscales y un miembro del personal castigados así por el Gobierno del presidente Donald Trump, que considera al TPI un “organismo corrupto y politizado” que amenaza su soberanía y ataca a su principal aliado, Israel.
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