Esta es la mayor indemnización por corrupción
La sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Coral estableció la devolución de RD$5,000 millones al Estado dominicano, una cifra que constituye la indemnización más elevada impuesta en un proceso de corrupción administrativa en la historia judicial del país.
La decisión forma parte del fallo que condenó al exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, así como a varios exfuncionarios y militares vinculados a una red de corrupción que operó durante varios años dentro de instituciones estatales.
José Alberto Ortiz, miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, valoró la sentencia y destacó que el tribunal reconoció al Estado dominicano como víctima directa de los hechos juzgados.
“Se trata de la indemnización más alta otorgada a favor del Estado en un caso de corrupción pública. Además del resarcimiento económico, la sentencia reconoce los daños ocasionados a las instituciones y a la imagen del país”, expresó Ortiz tras concluir la audiencia.
El jurista explicó que las juezas acogieron los argumentos presentados por el Ministerio Público y por la representación legal del Estado, incluyendo los relacionados con los perjuicios materiales, institucionales y morales derivados de las acciones atribuidas a los condenados.
Según indicó, el tribunal reconoció daños a la imagen del Estado, afectaciones a la figura presidencial y perjuicios a sectores estratégicos como el turismo, a través de instituciones involucradas en el esquema de corrupción.
Ortiz consideró que el fallo envía un mensaje contundente contra la impunidad y la corrupción administrativa.
“La sentencia demuestra que nadie está por encima de la ley y que cualquier funcionario, independientemente de su rango o posición, deberá responder por sus actos cuando utilice recursos públicos de manera ilícita”, afirmó.
Principales condenas
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo impusieron las penas más severas a varios de los principales acusados del expediente.
Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep, fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
La misma pena recibió el general Juan Carlos Torres Robiou, mientras que el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza también fue sentenciado a 20 años de cárcel y al pago de 400 salarios mínimos.
Por su parte, el general Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán fueron condenados a 15 años de prisión, además de multas equivalentes a 400 salarios mínimos.
Otros implicados recibieron condenas de entre 10 y cinco años de prisión, así como sanciones económicas proporcionales a su nivel de participación dentro de la estructura.
El mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien colaboró con el Ministerio Público durante la investigación, fue condenado a cinco años de prisión, pena que ya cumplió.
Asimismo, varios acusados recibieron condenas suspendidas bajo distintas condiciones establecidas por el tribunal.
Operación de la red
De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, la estructura de corrupción operó entre los años 2012 y 2020 utilizando recursos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y otras instituciones públicas.
Las investigaciones determinaron que los implicados habrían desviado fondos destinados a áreas como inteligencia, combustible, alimentación y nómina, utilizando mecanismos para ocultar y movilizar recursos obtenidos de manera ilícita.
Con esta sentencia, el caso Coral se convierte en uno de los procesos más relevantes en la lucha contra la corrupción administrativa en la República Dominicana y marca un precedente por el monto de la indemnización ordenada a favor del Estado.
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