Abinader aún no convoca al CNM tras vencimiento del período de Luis Henry Molina en la SCJ

A 49 días de haber concluido el período constitucional de siete años del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, el presidente Luis Abinader todavía no ha convocado al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evaluar su continuidad o designar un sustituto.

Molina fue escogido en 2019 por el CNM, entonces encabezado por el expresidente Danilo Medina. Su mandato venció el pasado 5 de abril, junto al de otros magistrados de la Suprema Corte.

Desde que asumió la Presidencia en 2020, Abinader tiene la responsabilidad de dirigir las sesiones del CNM, órgano encargado de seleccionar y evaluar a los jueces de las altas cortes del país, incluyendo la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y la Procuraduría General de la República.

Además de Molina, también concluyeron sus períodos varios jueces que integran el pleno de la SCJ, entre ellos Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia, Francisco Antonio Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María Garabito, Justiniano Montero, Nancy Salcedo y Rafael Vásquez Goico.

La Ley Orgánica 138-11 establece que los jueces permanecerán en sus funciones hasta que sean sustituidos oficialmente, aun cuando el período para el que fueron designados haya vencido.

Hasta el momento, Molina no ha expresado públicamente si aspira a permanecer como presidente de la Suprema Corte para un segundo mandato. En caso de buscar su ratificación, el CNM deberá evaluar aspectos como su integridad, reputación pública, desempeño profesional y eficiencia en el ejercicio de sus funciones.

Diversas organizaciones han solicitado al presidente Abinader convocar al Consejo Nacional de la Magistratura. La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) pidió una reunión inmediata para completar el proceso de evaluación y selección de jueces, argumentando que la falta de convocatoria genera incertidumbre institucional.

Asimismo, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) consideró que el proceso no debe retrasarse debido a la importancia que tiene para la estabilidad democrática y la confianza en el sistema judicial.

Por su parte, el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) advirtió que la situación mantiene a la Suprema Corte en una etapa de rezago institucional. El jurista Carlos Balcácer sostuvo que la demora crea incertidumbre dentro del sistema de justicia.

Mientras tanto, el Poder Judicial atraviesa momentos de tensión tras el paro laboral realizado recientemente por cientos de jueces en distintos distritos judiciales del país. Los magistrados exigen mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo y reformas estructurales dentro del sistema.

Las protestas también han generado cuestionamientos hacia la gestión de Luis Henry Molina. Carlos Balcácer afirmó que el presidente de la SCJ no ha logrado exigir al Gobierno los recursos económicos necesarios para responder a las necesidades del Poder Judicial.

Aunque las asociaciones de jueces mantienen disposición al diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ), advirtieron que podrían continuar las protestas si no se atienden sus demandas.