El tribunal declaró complejo el expediente del caso Onco 14, mientras que la excontable implicada logró prisión domiciliaria tras colaborar con la investigación.
SANTIAGO, República Dominicana.– La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva en contra de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), y de su esposa, Luisa Guzmán, al considerar que existen suficientes elementos probatorios que los vinculan a una presunta red de corrupción desmantelada mediante la «Operación Onco 14».
Luego de varios días de audiencias, la magistrada acogió además la solicitud del Ministerio Público de declarar el caso como complejo, una figura legal que permitirá ampliar el plazo de investigación debido al volumen de pruebas, la cantidad de transacciones financieras bajo análisis y la naturaleza de los delitos imputados, que incluyen desviación de recursos públicos y estafa al Estado.
En una decisión que marca un contraste dentro del mismo expediente, el tribunal varió la medida solicitada contra Dilcia Patricia Vargas, excontable de la institución, y le impuso prisión domiciliaria luego de que admitiera su participación en los hechos investigados y se comprometiera a colaborar activamente con las autoridades. Su abogado, Ricardo Reina, confirmó que su defendida continuará entregando documentación y datos contables relevantes para el esclarecimiento del caso.
Con la resolución, Lora Cruceta y Guzmán cumplirán la medida cautelar en los centros de corrección Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente, mientras el Ministerio Público profundiza una investigación que, según fuentes oficiales, podría derivar en nuevas imputaciones contra otros involucrados en la presunta trama.
El esquema fraudulento
El expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que desde la administración del IORC habría operado un esquema destinado a desviar recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa), mediante la facturación de procedimientos médicos inexistentes, duplicación de servicios y otras prácticas irregulares que habrían afectado tanto al Estado como a pacientes diagnosticados con cáncer.
Durante la audiencia, la jueza Santiago Reyes concluyó que la investigación posee un nivel de sustentación suficiente para justificar las medidas solicitadas, valorando la gravedad de los hechos, la solidez del expediente y el alto impacto social que generan las imputaciones, al tratarse de fondos destinados a la atención de enfermos oncológicos.
Reacciones de la defensa
El abogado Pantaleón Mieses, representante de Luisa Guzmán, mostró su desacuerdo con la decisión y adelantó que apelará la medida. El jurista argumentó que el tribunal no ponderó correctamente los elementos presentados por la defensa para descartar el peligro de fuga, como el arraigo familiar, laboral y social de su clienta, y consideró que procedía una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria.
Mieses también cuestionó la declaratoria de caso complejo, al considerar que el Ministerio Público ya cuenta con los elementos necesarios para formular una acusación formal. Calificó como «excesivo y desproporcionado» el período de 18 meses de prisión preventiva y anunció que, una vez notificado el fallo, interpondrá un recurso de apelación contra ambas decisiones del tribunal.
Un caso que remece el sistema de salud
La decisión judicial representa uno de los primeros reveses para los principales señalados en el caso Onco 14, considerado por las autoridades como una de las investigaciones más sensibles en materia de corrupción vinculada al sistema de salud dominicano. El caso ha generado indignación en la opinión pública, al involucrar recursos que debían destinarse al tratamiento de pacientes con cáncer, una población especialmente vulnerable.
La colaboración de la excontable Vargas, según su defensa, permitirá determinar con mayor precisión el alcance económico de las presuntas irregularidades y establecer el monto real de los recursos sustraídos. Su arresto domiciliario será revisado periódicamente conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal, en función de su cooperación con las investigaciones.
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